Diciembre 2009
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Javier de la Cueva, abogado especializado en nuevas tecnologías:
La última cifra sobre la importancia económica de las industrias culturales, según el BOE del 21 de noviembre, es de “cerca” del 4% del PIB. Al Gobierno le preguntaría lo siguiente:
¿Cuánto de cerca? ¿Cuál es el desglose de ese porcentaje? ¿Es verdad que en dicha cifra se incluyen el fútbol y los toros? Además, le preguntaría cuántos autores tienen más de 65 años y de qué viven, qué porcentaje de autores ingresan por derechos de propiedad intelectual más que el salario mínimo profesional y cuántos cobran más canon del que pagan. Y no sólo eso. El Gobierno debería explicar por qué toda la actividad estatal paga canon a asociaciones privadas, por qué la contabilidad nacional no desglosa los gastos de propiedad intelectual pero sí los de la industrial, y cuánto pagan las administraciones públicas por el famoso canon. Y respecto a la polémica generada esta semana, ¿por qué el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible se filtró antes a los medios que a los ciudadanos? ¿Por qué los ministerios de Economía y Hacienda y de la Presidencia ocultaron en sus anuncios esta parte del anteproyecto? ¿Qué vínculos unen al Gobierno y su partido con el lobby de la industria del entretenimiento? ¿A cuánto ascienden las subvenciones del sector y cómo se reparten?
A la oposición le pediría que fuera eficaz, que exigiera y obtuviera del Gobierno estos datos y obligase a su publicación y actualización en Internet.
Y es que el debate que nos ocupa ahora no trata de P2P: trata de si el Gobierno vulnera los derechos fundamentales para mantener una industria obsoleta cuyos datos económicos no hace públicos.
Las preguntas que hay que hacerle al Gobierno